Senado nombra a Ernestina Godoy nueva Fiscal General de la República

El Senado de la República designó a Ernestina Godoy Ramos como la nueva titular de la Fiscalía General de la República (FGR), tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero. La votación fue contundente: 97 votos a favor, 19 en contra y 11 nulos, lo que marca un respaldo decisivo del bloque oficialista y sus aliados.
Godoy rindió protesta ante el pleno del Senado en medio de aplausos y muestras de apoyo del grupo mayoritario, asumiendo un mandato de nueve años al frente de la FGR.

La designación de Godoy surgió a raíz de la sorpresiva renuncia de Gertz Manero la semana pasada, lo que dejó vacante la Fiscalía General. El Ejecutivo —la administración de Claudia Sheinbaum Pardo— envió al Senado una terna conformada exclusivamente por mujeres, entre ellas Godoy, como parte de lo que la presidencia definió como un énfasis en la participación femenina en cargos de alto nivel.

Durante su comparecencia ante los legisladores, Godoy se comprometió a construir una Fiscalía de “puertas abiertas”, con una política de impartición de justicia basada en investigación científica y visión estratégica, así como coordinación con fiscalías locales, organismos de derechos humanos y comisiones de búsqueda. Aun así enfatizó: “No fabricaremos culpables, no habrá persecución política ni impunidad”.

Godoy reemplaza formalmente a Gertz Manero, quien había asumido el cargo en 2019. Su renuncia aceleró un proceso exprés en el Senado, lo que —según sectores de la oposición— cuestiona la autonomía de la FGR debido a la cercanía política de Godoy con el gobierno federal.

El nombramiento de Godoy podría representar una reconfiguración significativa de cómo opera la FGR en los próximos años. Si cumple sus promesas, podría transformar la procuración de justicia en México: con un enfoque en víctimas, investigación científica, coordinación interinstitucional y respeto a derechos humanos. Esto tiene potencial para mejorar la confianza ciudadana en las instituciones de justicia, algo que ha sido reiteradamente cuestionado.

Para las víctimas de delitos, especialmente casos de alto impacto, su designación podría implicar un cambio de paradigma: menos impunidad, mayor atención, y procesos más transparentes. Para la clase política y funcionarios públicos, significa que las investigaciones podrían volverse más sistemáticas, extensas y menos sujetas a discrecionalidad.

Sin embargo, hay preocupación sobre la autonomía institucional: la cercanía política de Godoy con el gobierno, sumada al hecho de que su nombramiento fue impulsado casi de inmediato tras la renuncia de su antecesor, ha generado críticas respecto al posible control político sobre la Fiscalía. Esto podría minar la confianza de algunos sectores sociales en la imparcialidad de la justicia.

Godoy aseguró ante los senadores: “La coordinación no implica subordinación. No fabricaremos culpables y no habrá persecución política. Tampoco habrá impunidad”.
Además, enfatizó que el reto central será enfrentar la delincuencia organizada con metodología científica, inteligencia institucional y un enfoque estratégico, así como reforzar la colaboración con fiscalías locales, comisiones de búsqueda y organismos de derechos humanos.

Desde la presidencia, Sheinbaum Pardo expresó que la decisión corresponde al Senado, y describió a Godoy como una funcionaria con “principios” y “convicciones” demostradas durante su trayectoria, en particular cuando fue consejera jurídica del Ejecutivo Federal.

En contraste, la oposición criticó la rapidez del proceso y advirtió que este tipo de decisiones podrían debilitar la autonomía de la FGR, puesto que la designación parece responder a intereses políticos más que a criterios de independencia institucional.

De cumplirse los compromisos de Godoy, México podría ver una transformación en la procuración de justicia: mejoras en la eficiencia de la FGR, más persecución del crimen organizado, mejores resultados en casos emblemáticos y menos impunidad. Esto podría fortalecer la confianza popular en las instituciones.

No obstante, la oposición y analistas advierten que la cercanía con el gobierno plantea riesgos de subordinación del poder judicial al ejecutivo, lo que podría socavar la separación de poderes. Si esto ocurre, la FGR podría perder credibilidad, y su trabajo percibido como parcial o influenciado políticamente.

Además, la dirección que tome Godoy será clave para definir cómo se investigan casos de corrupción, derechos humanos, desapariciones forzadas, lavado de dinero y otros delitos complejos. Así, su gestión podría marcar la pauta para la justicia en el sexenio.

Con la elección de Ernestina Godoy como titular de la FGR, México inicia un nuevo capítulo en su sistema de procuración de justicia. Su nombramiento representa una apuesta por un cambio institucional, con promesas de más transparencia, enfoque en víctimas y coordinación. Pero, también pone sobre la mesa el debate sobre la autonomía de las instituciones judiciales en el país. El éxito o fracaso de su gestión dependerá en gran medida de si puede consolidar una Fiscalía imparcial y efectiva, capaz de superar las críticas y satisfacer la demanda ciudadana por justicia real.