Legisladores del Edoméx aprueban penas de hasta 20 años por abuso sexual

Las Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Igualdad de Género de la LXII Legislatura del Estado de México aprobaron reformas al Código Penal estatal que endurecen significativamente las sanciones contra delitos sexuales. Con esta actualización jurídica, el abuso sexual podrá castigarse con hasta 20 años de prisión, mientras que el hostigamiento sexual alcanzará penas de hasta nueve años.

La iniciativa, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y presentada por la diputada Brenda Colette Miranda Vargas, tiene como finalidad fortalecer la protección de las víctimas, armonizar la legislación con estándares nacionales e internacionales y garantizar una perspectiva de género en la interpretación de estos delitos.

Las modificaciones al Código Penal amplían la definición de abuso sexual, incorporando conductas como tocamientos, caricias, roces corporales y exposición a material sexual explícito realizados sin consentimiento. La reforma también contempla circunstancias donde el consentimiento se encuentra viciado, como la existencia de violencia física o psicológica, engaño, abuso de autoridad, dependencia emocional o económica, o situación de vulnerabilidad.

En casos donde el agresor mantenga una relación jerárquica o de confianza con la víctima —por ejemplo, en entornos familiares, educativos, laborales, religiosos o de cuidado— se impondrán sanciones accesorias, incluida la pérdida de patria potestad, destitución del cargo o inhabilitación para ejercer la profesión correspondiente.

Respecto al hostigamiento sexual, las penas se incrementan de manera sustancial, considerando conductas reiteradas o el ejercicio de poder como agravantes. Las sanciones podrán oscilar entre dos y seis años de prisión, y elevarse hasta nueve en situaciones de gravedad. También se incluyen multas y medidas correctivas adicionales.

Las reformas contemplan mecanismos integrales de reparación del daño: acceso a atención psicológica especializada para víctimas y programas de reeducación con perspectiva de género dirigidos a agresores. Además, la suspensión condicional del proceso solo procederá si se cumplen dichas medidas.

Estas reformas representan un avance significativo para la protección de sectores vulnerables como mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad. El reconocimiento de un espectro más amplio de conductas como abuso sexual responde a una deuda histórica con las víctimas y fortalece el marco jurídico para la procuración de justicia.

Asimismo, al establecer que los delitos serán perseguidos de oficio, se reduce la carga procesal que por años ha recaído sobre las víctimas, permitiendo que las autoridades actúen incluso sin una denuncia formal. Esta medida podría traducirse en un aumento en la presentación de casos y, al mismo tiempo, en un mayor acceso a la justicia.

Desde una perspectiva social, la severidad de las nuevas sanciones podría funcionar como elemento disuasivo, especialmente en entornos donde prevalece la asimetría de poder entre víctimas y agresores, como el ámbito laboral y educativo.

El dictamen aprobado recalca que el objetivo principal es “garantizar la protección más amplia de las personas y la reparación integral de los daños ocasionados a las víctimas”, fortaleciendo el compromiso del Estado de México con los derechos humanos y la igualdad de género.

En medios nacionales, especialistas han señalado que esta reforma ofrece bases más sólidas para enfrentar la violencia sexual y constituye un avance relevante en la lucha contra la impunidad en la entidad.

De aprobarse en el pleno y ser publicada en la Gaceta de Gobierno, la reforma entrará en vigor de forma inmediata. Esto podría originar un aumento en las denuncias, debido a que las víctimas contarían con un marco jurídico más claro y robusto.

A mediano plazo, se espera la implementación de políticas públicas complementarias en materia de prevención, capacitación institucional y atención integral a víctimas, así como un fortalecimiento en la coordinación entre el Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y organismos de derechos humanos.

Las modificaciones también podrían servir como referencia para otras entidades del país que buscan actualizar su legislación penal en materia de violencia sexual, impulsando estándares más altos de protección y justicia.

Las reformas aprobadas por las comisiones legislativas del Estado de México marcan un avance relevante en la lucha contra los delitos sexuales. Al endurecer las penas, ampliar las definiciones jurídicas y reforzar la protección a víctimas, el marco legal avanza hacia una mayor equidad, justicia y prevención. Su correcta implementación será clave para reducir la impunidad y consolidar una cultura de respeto y protección de los derechos humanos.